No, la legislación española prohíbe estrictamente cualquier tipo de comercio relacionado con la sangre. Sin embargo, aunque la donación sea completamente voluntaria y gratuita, el proceso genera ciertos gastos como las bolsas de sangre, los análisis, el equipo de conservación, y los servicios del personal encargado de las extracciones y transfusiones.
Estos costos, conocidos como «costes de procesamiento de la sangre», están regulados por la ley. En hospitales públicos, los cubre la Seguridad Social, mientras que en hospitales privados son financiados por las aseguradoras o los propios pacientes. Toda la sangre donada en España es supervisada por organismos oficiales que garantizan su adecuada gestión.